Otro revés judicial para Ducoté y Martignone

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Elecciones 2019

Una vez más la Justicia hizo lugar a la denuncia del Frente de Todos. Esta vez la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría dictó una resolución que prohíbe al gobierno municipal del intendente Nicolás Ducoté poner en marcha una serie de planes sociales que contemplan la entrega de subsidios. 

Y no sólo la medida alcanza al intendente, sino también a su jefe de Gabinete, Juan  Pablo Martignone.

Escuchá el audio en el que Ducoté y Martignone presentan la operatorio de compra de votos

En el escrito, Servini de Cubría le ordena a los dos funcionarios “que se abstengan de disponer fondos de la tesorería del municipio (…) para el cumplimiento de los programas establecidos” en una serie de decretos firmados por ambos funcionarios, señala Servini de Cubría.

La medida fue tomada a partir de una denuncia presentada por el apoderado del Frente  de Todos, Guido Bordachar,  y  es anterior a la filtración del audio en el cual de voz del mismo intendente Ducoté y Martignone se explicaba cómo se «comprarían» los votos de los pilarenses con fondos municipales en la campaña.

Con anterioridad se  habían aportado otros audios. Entre ellos, mensajes en los que “una mujer llamada Giselle ofrecería colchones, frazadas, materiales de construcción, registros de conducir y todo tipo de ayuda” así como “la posibilidad de obtener microcréditos”. Justamente por esa última situación tramita una causa en el juzgado federal de Campana, por la que ya se realizaron unos 25 allanamientos en oficinas municipales, donde se incautó documentación, computadoras y hasta el teléfono celular de un funcionario.
La nueva denuncia hace especial hincapié en los decretos mediante los que se crearon cinco programas sociales. Son los planes de asistencia directa a estudiantes, desempleados, personas con discapacidad, adultos mayores y niños escolarizados. Los planes implican subsidios de entre $3.000 y $5.000 con varias entregas al año.

Para la jueza, los programas sociales en marcha podrían “redundar en una posible vulneración de los derechos políticos de los ciudadanos más postergados del Municipio, en razón de que podría atentar contra su derecho a elegir libremente”.

 Para Servini de Cubría, esos planes tienen el “presunto objeto de condicionar a los electores del partido, a través de ayuda social legalmente dispuesta, toda vez que esta se otorgaría a cambio del apoyo al actual gobierno comunal”.
En ese sentido, la jueza decidió hacer lugar a la medida restrictiva “a los efectos de garantizar una mayor certidumbre a la totalidad de las agrupaciones que compitan en las elecciones (…) y con el fin de evitar cualquier situación que pudiera atentar contra el derecho a elegir libremente”.
A la vez, la magistrada se declaró incompetente para entender en la cuestión de fondo, por lo que tras dictar la cautelar, remitió las actuaciones al juzgado electoral de la provincia, a cargo del juez subrogante Adolfo Gabino Ziulu. A él le corresponderá seguir adelante con las actuaciones.

 

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