En un nuevo aniversario del río Luján, nada para festejar

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En el año 2017 la legislatura de la Provincia de Buenos Aires declaró al 4 de noviembre como el Día Provincial del Río Luján. Esa fecha recuerda la travesía realizada por 150 embarcaciones en el año 1993, en el tramo de río entre Suipacha y Mercedes, con el objetivo de visibilizar el río y concientizar acerca de la necesidad de recuperar su uso para la sociedad.
Creemos que este aniversario es una fecha propicia para reflexionar sobre el derrotero que ha seguido la gestión de la cuenca del río, los problemas derivados de ella y las alternativas de solución que se barajan.

La situación:
Desde hace más de dos décadas, varias organizaciones (primero trabajando en forma individual y posteriormente en forma asociada como Red del río Luján) vienen denunciando la grave desorganización territorial y los fuertes impactos ambientales que recibe el territorio de la cuenca y, de cuya acumulación, se derivan reiteradas inundaciones y contaminación.
El desarrollo de emprendimientos inmobiliarios (urbanizaciones cerradas, parques industriales y logísticos, etc.), que ocupan y rellenan terrenos bajos, conocidos como humedales, se constituyen en serios obstáculos para la circulación del agua del río y eliminan la función de reservorios de agua que brindan los humedales durante las crecidas. Esto se hace incumpliendo la legislación vigente que establece que las márgenes de los ríos y arroyos forman parte de los cursos de agua y, por lo tanto, son de dominio público natural. Es decir, que pertenecen al conjunto de la sociedad y no pueden ser apropiados por privados, sino que están destinados al uso y utilidad públicos.
Simultáneamente, también se ha ido desarrollando en las áreas rurales una extensa red de canales, sin ningún tipo de autorización, cuya finalidad es drenar rápidamente las áreas que naturalmente se anegan en épocas de lluvia. Esta agua que antes se iba infiltrando en el suelo y recargaba la napa de la que se abastece la sociedad, ahora se dirige al río Luján y sus tributarios, sobrecargando aún más todo el sistema hidrográfico. Por varias razones, el resultado de este accionar delictivo es sumamente grave. Por un lado, el agua que ya no llega a la napa recrudece la situación crítica en que ésta se encuentra en varios lugares debido a su sobrexplotación. Por el otro, cuando se producen lluvias intensas, provoca inundaciones en las zonas que están aguas arriba y en localidades vecinas que tienen un relieve natural más bajo. La situación se complica aún más por la basura arrojada por los vecinos, que se constituyen en verdaderos diques. Esta basura, además, es una fuente de contaminación, aunque no la única. El Parque Industrial de Pilar (el mayor de la Argentina), diversas industrias diseminadas a lo largo del curso y los agrotóxicos utilizados en los cultivos contaminan seriamente algunos tramos del río con metales y productos orgánicos de diversa índole y generan periódica mortandad de peces.

Las soluciones propuestas por el Estado
Lejos de revertir la situación descripta, sus soluciones dejan intactas las causas que los originan y crean nuevos problemas.
El COMILU (Comité de Cuenca del río Luján) dependiente del Estado provincial, inició el Plan Maestro Integral que incluye obras hidráulicas como canalizaciones, dragados y rectificaciones del cauce. Este tipo de obras trata la red hidrográfica como un simple sistema de cañerías, que puede ser rectificado y desviado, y no como el complejo ecosistema del que se trata. Cuando se canaliza o rectifica un río como el Luján, típico de llanura, se aumenta la velocidad de las aguas y se altera toda su dinámica, se pierde su capacidad de esponja frente a las inundaciones y aumenta la erosión del terreno, se impide la recarga de los acuíferos, se daña su flora y fauna, etc. El dragado, por su parte, moviliza y devuelve a las aguas los contaminantes que se han ido depositando en los barros a lo largo del tiempo.
Además de todos los impactos que provocan, las obras hidráulicas propuestas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, con el correspondiente aval de las distintas instancias gubernamentales, resultarán inservibles a corto plazo de continuar el relleno de los humedales para urbanizarlos. Pero se especula con la necesidad perentoria que tienen los inundados de liberarse del agua de sus casas, para ofrecer soluciones que no son tales.
Para hacer más sombrío el panorama, el Plan de obras hidráulicas recién iniciado viola los procedimientos legales correspondientes. La primera obra, comenzada en el año 2018 correspondiente a la ampliación del canal Santa María quiso modificarse respecto del Plan Integral sin ningún tipo de justificación técnica ni ambiental (excepto favorecer a un desarrollador inmobiliario que así ampliaba el número de amarras que ofrecería su club náutico). Para ésta y las próximas obras de ampliación de puentes proyectadas nunca se realizaron las Audiencias Públicas previstas por la Ley Gral. del Ambiente N° 25.675y, en cambio, se realizaron meras reuniones informativas que no siguieron el procedimiento establecido por la Ley Prov. de Audiencias Públicas N° 13.569. Estas audiencias son partes obligatorias de la Evaluación de Impacto Ambiental, un proceso que puede establecer el rechazo de las obras si resultan ambientalmente negativas. Por otra parte, las medidas tomadas por el COMILU se hacen sin haberse completado su constitución plena, como lo estipulan las leyes provinciales N° 14.410 y N°14.817. Estas leyes establecen la obligatoriedad de conformar un Consejo Consultivo, integrado por organizaciones de la sociedad civil, la Academia, Cámaras de Comercio, etc., a fin de que las propuestas o recomendaciones de la sociedad sean escuchadas. Luego de 4 años de sancionada la ley y sólo 2 reuniones preparatorias, las organizaciones seguimos esperando participar en este Consejo, mientras se avanza con las obras sin los conocimientos científico-técnicos que puede aportar la sociedad.
El ESTADO, a través de sus respectivos organismos y funcionarios designados, debe ser garante del cumplimiento de las leyes y, al no hacerlo, se incumplen los deberes para los cuales dichos funcionarios fueron designados en función de propiciar el bien común.

Nuestra propuesta:
Es imprescindible evitar que las causas por las cuales se llega a tan lamentable situación de la cuenca sigan propagándose.
Se debe detener la ocupación ilegal de tierras de dominio público. Para ello, resulta fundamental que la Autoridad del Agua, que recientemente determinó la línea de ribera (que establece el límite entre el área pública, que pertenece al cauce del río, y el área privada), sea bajada al territorio, es decir comunicada a los dueños de las parcelas por las que esta pasa. Es el primer paso para que quede claramente establecido donde no puede construirse e iniciar un Ordenamiento Territorial ajustado a la normativa vigente, es decir, que considere la aptitud de cada suelo para diferentes actividades (en vez de dejar el territorio en manos de la especulación inmobiliaria), que compatibilice los códigos de ordenamiento urbano de los distintos municipios y que efectivice la participación ciudadana. También es prioritario que se detengan las obras que se encuentren en curso en las zonas de dominio público y se identifiquen aquellos desarrollos inmobiliarios ya establecidos en esa zona que resulten particularmente dañinos para el drenaje del agua de la cuenca y pedir la recomposición del ambiente al estado previo a las obras.
Es urgente que se revierta la falta de institucionalidad, terminando de organizar el Consejo Consultivo para que podamos tener un espacio donde expresar nuestras opiniones.
También es perentorio un real control sobre las fuentes de contaminación por parte del Estado y un accionar rápido frente a siniestros, como el ocurrido con la empresa de agroquímicos SIGMA, cuyo incendio ha dejado una intensa contaminación que podría comprometer la calidad del agua y de cultivos cercanos si no se toman medidas urgentes para aislar los contaminantes del ambiente circundante.
A más de 25 años de las primeras acciones para concientizar sobre la problemática del río Luján, con un río que cada día muestra nuevos signos de su deterioro, repetimos que: “La solución solo será posible realizando un trabajo interdisciplinario y articulado entre las distintas áreas de gobierno y de la sociedad, contando con la voluntad política para llevarlo adelante”.

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